En el Valle del Cauca, la compra de ventiladores para unidades de cuidados intensivos (UCI) durante la pandemia de COVID-19 generó una fuerte controversia política. La Secretaría de Salud, encabezada por María Cristina Lesmes, respondió a cuestionamientos y acusaciones en una sesión de control político en la Asamblea Departamental.
El origen de la polémica está en un contrato por 29.000 millones de pesos para adquirir 300 ventiladores en un contexto global de escasez. Sin embargo, solo se recibieron 49 equipos debido a retrasos de un proveedor que prometió importarlos desde China.
Lesmes explicó que se había entregado un adelanto de 14.000 millones de pesos, pero solo se utilizaron cerca de 4.000 millones en los equipos recibidos. Ante el incumplimiento, el departamento declaró el incumplimiento del contrato y activó pólizas de garantía que permitieron recuperar el dinero.
La secretaria negó cualquier robo, afirmando que «la aseguradora devolvió el dinero y está en las arcas del departamento» y que se logró un ahorro significativo de aproximadamente 24.000 millones de pesos.
El debate se intensificó luego de que el representante a la Cámara Duvalier Sánchez acusara a Lesmes en redes sociales de presuntas irregularidades y robo de recursos por más de 8.700 millones de pesos durante la emergencia sanitaria.
En la Asamblea, el diputado Esteban Oliveros cuestionó la gestión de la secretaria y la situación financiera del sistema de salud departamental, señalando además altos índices de enfermedades prevenibles y obesidad en mujeres de mediana edad.
Esta discusión refleja las tensiones políticas y la presión sobre la administración de salud en el Valle del Cauca, un tema clave para la gestión y transparencia en la atención sanitaria.
Información basada en reportes publicados por El Espectador.
