El sistema de transporte público en Quito enfrenta una nueva tensión debido a la falta de definición clara sobre la tarifa del pasaje y las compensaciones económicas que deben aplicar las autoridades municipales.
La Unión de Operadoras de Transporte Público de Quito (Unitrans-Q) ha denunciado que, desde principios de 2025, ha solicitado reuniones formales con la Alcaldía para tratar la situación financiera y operativa del sector, sin recibir respuesta.
Según su presidente, Jorge Yánez, la Ordenanza 017-2020 establece que el Municipio debe crear una partida específica para compensar a los transportistas, lo cual no se ha implementado. Esta compensación es necesaria para cubrir la llamada tarifa técnica, que incluye costos de inversión, operación y retorno sobre la inversión.
Yánez destaca un desequilibrio importante: los buses privados deben operar por debajo de sus costos reales, mientras los sistemas municipales, como el Trolebús y la Ecovía, reciben subsidios constantes. Por ejemplo, la tarifa del Trolebús es de USD 0,35 y la del Metro de Quito USD 0,45, con un subsidio anual cercano a los USD 60 millones para el Metro.
Además, los transportistas enfrentan demoras burocráticas, con trámites que pueden tardar hasta dos meses en ser aprobados, lo que complica la operación de las cooperativas. Aunque no se ha anunciado un paro, Yánez advierte que la falta de liquidez podría detener el servicio.
Esta situación abre un debate sobre la sostenibilidad y transparencia de los subsidios en el transporte público de Quito, con implicaciones directas para los usuarios y la gestión municipal.
Información basada en reportes publicados por El Telégrafo. Fuente original
