Una coalición de migrantes y organizaciones comunitarias interpuso este lunes una demanda en Massachusetts contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) por la terminación del parole humanitario otorgado a través del sistema CBP One.
La acción judicial, impulsada por Democracy Forward y el Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts, sostiene que la administración Trump-Vance “terminó de forma repentina e ilegal el estatus” que permitía a sus beneficiarios residir y trabajar legalmente en el país.
Desde 2023, quienes buscaban asilo u otra protección debían usar la aplicación móvil CBP One para programar entrevistas en los puertos de entrada.
Tras la inspección, algunos recibían un parole humanitario, que otorgaba estadía legal temporal. Sin embargo, en abril de 2025, un correo masivo con el mensaje: «Es hora de que abandone los Estados Unidos» comunicó la finalización del beneficio, junto con la cancelación de permisos laborales y acceso a ciertos apoyos.
El aviso, que incluso llegó a abogados y representantes de migrantes, advertía sanciones para promover la salida voluntaria. Los demandantes alegan que la ley exige evaluar individualmente cada caso antes de retirar el parole, y que esta política “ignora los derechos legales de los no ciudadanos y perturba sus vidas, costándoles trabajos, hogares, acceso a la atención médica y poniéndolos en riesgo de deportación”.
Para la Asociación Venezolana de Massachusetts, el impacto es profundo: «Despojarlos del parole y la autorización de trabajo sin ninguna revisión individualizada no solo es ilegal, sino que desestabiliza a las familias, debilita a nuestras comunidades y socava la confianza que los inmigrantes depositan en el sistema legal».
Carlina Velázquez y Carlos Martín Medina, en representación de VAM, reafirmaron: “Nuestro compromiso es apoyarlos y luchar para garantizar que se protejan sus derechos. En VAM, creemos que proteger a los migrantes es proteger el futuro de nuestra comunidad».
En palabras de Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward: «Este repentino cambio de política es el último en el asalto de la administración Trump-Vance contra los inmigrantes que han seguido las reglas… nada de esto se trata de inmigración, se trata de crueldad».
Georgia Katsoulomitis, del Instituto de Reforma Jurídica, advirtió: «Cuando el gobierno le quita a una persona el estatus y el permiso de trabajo, empuja a familias enteras a la pobreza».
La demanda busca que se restablezca el parole y la autorización laboral, que se permita a los afectados seguir en el país y que se prohíban futuras cancelaciones masivas sin el debido proceso.
Agencias
