El Congreso de Perú, a través de su Comisión de Energía y Minas, aprobó el 17 de marzo un proyecto de ley que modifica la Ley General de Minería. Esta iniciativa busca acortar los plazos de caducidad de las concesiones mineras, exigir un nivel mínimo de inversión y establecer penalidades y prórrogas condicionadas para evitar concesiones ociosas.
La propuesta, respaldada por 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, integra varias iniciativas parlamentarias y busca fortalecer el régimen de concesiones mineras. Sin embargo, expertos y opositores advierten que el proyecto podría desalentar la minería formal y favorecer la minería ilegal.
El dictamen establece que las concesiones mineras sin actividad serán declaradas en caducidad definitiva en 15 años, la mitad del plazo actual de 30 años. Además, al cumplirse 10 años, el titular debe demostrar producción mínima anual por hectárea y haber efectuado una inversión mínima. De no cumplir, la autoridad minera podrá declarar la caducidad tras un proceso de notificación y un plazo máximo de subsanación de 12 meses.
Una preocupación central es que la reversión acelerada de concesiones sin un mecanismo claro de reasignación pueda abrir espacios para la minería informal o ilegal, debido a la limitada capacidad estatal para controlar estas áreas. Sin una estrategia efectiva de formalización, liberar concesiones no asegura la entrada de operadores formales y podría aumentar la ocupación irregular y los impactos ambientales.
La aprobación del proyecto refleja además un fuerte protagonismo de los partidos Juntos por el Perú y Podemos Perú, cuyos congresistas lideran la comisión y utilizan esta instancia para impulsar su plan de gobierno, según denuncias internas. Diana Gonzales, vicepresidenta de la comisión, alertó que la comisión está siendo usada para promover propuestas partidarias y citó que estas medidas forman parte del plan de gobierno de Juntos por el Perú.
Esta situación genera inquietud en el sector minero y entre inversionistas, pues el cambio normativo puede complicar la estabilidad jurídica y la continuidad de proyectos mineros formales en Perú, un país cuya economía depende en gran medida de la minería.
Información basada en reportes publicados por Perú21.
