El 11 de febrero de 2026, el gobierno de Colombia declaró un estado de emergencia económica para responder a los impactos causados por la ola invernal en los departamentos de la costa Caribe. Esta medida busca agilizar recursos y acciones frente a la crisis provocada por las intensas lluvias que han afectado a la población y a la infraestructura regional.
Este es el segundo estado de excepción que la administración del presidente Gustavo Petro activa en menos de tres meses. La emergencia se acompaña de más de diez decretos que establecen nuevos impuestos, créditos y alivios fiscales con el fin de financiar la atención y recuperación de las zonas afectadas.
Entre las medidas, se incluyen cobros adicionales y beneficios tributarios orientados a generar recursos sin recortar el gasto público. La ejecución de estos recursos está enfocada en reparaciones, ayudas directas a las comunidades afectadas y fortalecimiento de la capacidad institucional para enfrentar la emergencia.
La ola invernal ha causado daños significativos, como la creciente del río Sinú que afectó barrios de Montería, evidenciando la urgencia de la intervención estatal.
Esta declaración de emergencia económica se suma a la ya activa desde finales de 2025, cuando el gobierno buscó soluciones rápidas ante dificultades financieras y la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento.
Información basada en reportes publicados por El Espectador.
