En Perú, un grupo de mineros informales e ilegales, agrupados en la Confemin, ha anunciado una movilización nacional indefinida que comenzará con un bloqueo en Lima desde el 30 de marzo, justo antes de las elecciones de 2026. La protesta busca detener la fiscalización estatal que consideran abusiva, especialmente en relación con el decreto legislativo 1695, que amplió las sanciones penales para actividades mineras consideradas antes en «zonas grises».
Máximo Franco Becquer, líder del grupo, señaló que la norma ha facilitado a la Policía de Medio Ambiente realizar interdicciones que afectan económicamente a sus integrantes. En respuesta, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció la creación de brigadas de formalización que visitarán zonas mineras para facilitar el proceso, dado que muchos mineros informales tienen dificultades con los trámites administrativos.
El ministro Ángelo Alfaro detalló que se trabaja en el reglamento de la Ley Nº 32537, que extiende la formalización minera integral hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Recalcó que los mineros ilegales representan un problema de seguridad pública a cargo de la Policía y el Poder Judicial, mientras que la formalización es competencia del Minem.
La semana pasada, el presidente José María Balcázar se reunió en Palacio de Gobierno con representantes de Confemin, respaldados por congresistas de Podemos y Juntos por el Perú, quienes solicitaron la reversión de concesiones ociosas con derecho de preferencia. Esta reunión fue criticada por la congresista y candidata Diana Gonzales, quien cuestionó que se atienda a este sector en medio de una crisis energética, señalando que apoyan el retorno de unos 50,000 mineros ilegales.
Este contexto de tensión ocurre en un momento crucial para el país, con elecciones nacionales próximas y esfuerzos estatales por ordenar el sector minero informal y combatir la ilegalidad.
Información basada en reportes publicados por Perú21.
